A fines del año 2001, los servicios de transporte y distribución de gas mantenían calidad internacional a tarifas muy competitivas, las más bajas de la región. A principios del año 2002 se dictó la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Por su aplicación, se produjo la alteración unilateral de los contratos, junto con la devaluación del peso y el congelamiento de tarifas.

Leyes & Resoluciones

Ley del Gas Nº 24.076
Decreto Nº180/04
Decreto Nº181/04
Decreto Nº 2067/08
Resolución 415/04

Entre 2001 y 2010, según el INDEC, hubo un incremento del:
388% en el índice de salarios del sector privado registrado.
348% en el índice de precios al por mayor (IPIM)
171% en la canasta básica familiar
117% en comunicaciones y servicios
166% en el índice de precios al consumidor (IPC)

Sin embargo, las tarifas de transporte y distribución de gas natural han permanecido congeladas durante los últimos 12 años, con una única excepción, que recibió una aplicación parcial de sus acuerdos, hasta el momento, pese a que en el resto de los rubros de la economía nacional se han producido incrementos significativos.
El valor promedio de la tarifa residencial en Argentina es 8 veces menor al que se paga en el mundo y 9 veces menor que el que se pagan en los países vecinos.
Se verifica que el 28% de los hogares con gas natural paga en promedio $ 9,30 o menos por mes por este servicio, incluidos los impuestos, casi la mitad de esos hogares paga $16,80 o menos por mes, y el 80% de los que disfrutan del gas natural pagan $45, 60 o menos promedio por mes, incluidos los impuestos.
Al mismo tiempo, los argentinos que no cuentan con gas natural en sus domicilios pagan hasta 6 veces más con garrafas subsidiadas y en caso de no conseguir esas garrafas, pagan hasta 12 veces más por idéntico consumo energético. Como se verifica en los cuadros comparativos anexos en (*) el gas es más barato que cualquier otro combustible sustituto como por ejemplo gasoil, fueloil, kerosene o electricidad.

Tarifas vigentes
Hay que destacar que en la factura promedio abonada por el usuario, el 35 % del monto, corresponde a impuestos (IVA, Cargos, Sellos, Tasas provinciales y municipales). Es para destacar que las licenciatarias siguen cumpliendo con sus obligaciones impostergables: la calidad y seguridad del servicio, las impositivas y los mayores costos laborales. Estas empresas son fundamentales para el desarrollo de la comunidad ya que han colaborado y colaboran para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes. La disponibilidad de gas natural para la generación eléctrica fue fundamental para la competitividad, destacada a nivel internacional, y nivel de tarifas de la energía eléctrica, en los años pasados.

Readecuación Tarifaria
Hasta ahora, el sector regulado subsiste fundamentalmente gracias al aprovechamiento de la infraestructura existente y la incorporación de clientes residenciales y comerciales que aprovechan el menor precio relativo del gas natural. Sin embargo, hoy los ingresos netos adicionales que se generan a partir de la incorporación de esos clientes no alcanzan a cubrir los costos de conexión (incluyendo la provisión del medidor) y la amortización de las redes e instalaciones.
La posibilidad de seguir aprovechando la infraestructura existente está llegando a su límite, y para lograr la sostenibilidad de la industria es necesario la readecuación tarifaria que permita dar previsibilidad y obtener una rentabilidad consistente con el riesgo de la industria, adecuación prevista en los Acuerdos firmados (incremento inicial, reconocimiento en tarifa de los mayores costos y realización de la Revisión Tarifaria Integral), y dar cumplimiento efectivo a el marco regulatorio vigente.
Como sector estratégico del desarrollo nacional, las empresas Distribuidoras de gas natural consideran que es indispensable que se inicie inmediatamente una progresiva recomposición del esquema tarifario para poder seguir acompañando el crecimiento de nuestro país. La normalización tarifaria del suministro de gas natural por redes debiera conseguirse a través de una tarifa que permita un servicio sustentable en el largo plazo, tanto para el transporte y la distribución, de modo tal que los incrementos resultantes sean razonables y asimilables para todos los usuarios actuales y futuros del servicio, generando así recursos suficientes para continuar la expansión del servicio a las viviendas, comercios e industrias que hoy están consumiendo combustibles más caros.